De cara a las próximas elecciones, los partidos políticos no cuentan con mecanismos obligatorios para blindar sus candidaturas frente a una posible infiltración del crimen organizado. Mientras el INE prepara una nueva comisión para verificar la integridad de los aspirantes, especialistas advierten que la responsabilidad seguirá recayendo en los partidos y que la nueva instancia podría quedarse sin facultades para impedir que perfiles vinculados con la delincuencia lleguen a las boletas.